Chile - El crecimiento de largo plazo - editorial emol

emol, 24/01/2009

La economía chilena, mucho antes de que se manifestara la actual crisis internacional, había perdido dinamismo. Es así como mientras entre 1987 y 1997 la economía creció a un 7,9 por ciento, en la década siguiente lo hizo sólo a un 3,7 por ciento. Los efectos sobre el bienestar de la ciudadanía de una y otra trayectoria son muy distintos. Piénsese que si la economía hubiese crecido en la segunda década a la misma tasa que la primera, el ingreso per cápita de los chilenos sería actualmente un poco más de 30 por ciento más alto.

Llevar adelante en un último año de gobierno reformas que eleven el potencial de crecimiento de la economía no parece fácil, más aún cuando se anticipa una elección estrecha y el oficialismo aparece más desunido que en ocasiones anteriores. Así, el Gobierno no tiene espacio para avanzar en una flexibilización de la regulación laboral, la apertura amplia de empresas estatales a la bolsa o una reforma a los estatutos de los funcionarios de la salud y de los docentes que comprometan en ellos una mayor orientación a resultados y una mejor atención ciudadana. Si estas reformas ocurriesen, se producirían ganancias en eficiencia que elevarían el ritmo de expansión de la actividad económica.

Que no exista piso político para llevar adelante esas reformas obliga al Gobierno a considerar otras que puedan impactar el crecimiento económico. Una de ellas, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados, es el así denominado estatuto pyme. En marzo comenzará su tramitación en el Senado. Aunque el proyecto contiene elementos valiosos, no provocará un salto de productividad. Si a través del proyecto pudiesen revisarse los múltiples programas de apoyo orientados a proteger actividades poco productivas o asignados con criterios más bien redistributivos que productivos podría lograrse un impacto significativo. Por ejemplo, usando esos recursos para fortalecer programas de capital de riesgo.

Otra política que para el Gobierno representa una oportunidad de aportar al crecimiento económico es la estrategia nacional de innovación. Es sabido que el incremento de la productividad de los factores es central para el crecimiento económico.

Una gran proporción de la expansión ocurrida entre 1987 y 1997 se explica precisamente por dicho incremento. La innovación es una fuente de productividad. Sin embargo, la estrategia no ha podido consolidarse. En parte ello ocurre porque los actores involucrados han tenido dificultad en ponerse de acuerdo en una institucionalidad apropiada para esta actividad. A ello se agrega que en la última encuesta de innovación, las empresas chilenas no muestran mayor disposición a invertir en innovación y desarrollo. No es evidente la explicación para esta situación. Todo indica que se requiere repensar y afinar la estrategia y los instrumentos para producir en esta materia un avance significativo.

La reforma del Estado

Algunos estudios empíricos sugieren que un Estado efectivo y eficiente puede contribuir hasta 1,5 puntos porcentuales al crecimiento económico. El actual gobierno, en diversas oportunidades, ha dado muestras de un compromiso con una reforma profunda del Estado y ha llevado adelante iniciativas que son un aporte para estos propósitos. Entre éstas destacan aquellas que tienen que ver con probidad y transparencia. Ellas ayudarán a evitar despilfarros de recursos y asegurar un manejo más cuidadoso de los dineros públicos. Sin perjuicio de su aporte, es mucho lo que aún se debe hacer para que el Estado se convierta en un colaborador del crecimiento económico. En ese sentido es indispensable que éste mejore apreciablemente su gestión. Esto cobra especial importancia teniendo a la vista que este año el presupuesto fiscal es de aproximadamente 37 mil millones de dólares, a los que deben sumarse los tres mil millones de impacto macroeconómico del plan de estímulo fiscal recientemente promulgado.

La alta dirección pública, la evaluación de los programas gubernamentales y las recientes iniciativas para medir el impacto de las políticas públicas, entre otras acciones, son insuficientes para lograr los estándares de gestión que el país necesita. Son todavía muchos los programas que se ejecutan con escasa efectividad y sin la calidad requerida.

Por supuesto, es difícil pensar que se pueda promover una reforma a gran escala en esta materia, pero el Gobierno debería poder desarrollar algunos programas piloto bien diseñados que permitan repensar una gestión estatal moderna. Ello debe incluir nuevas formas de asignar los recursos, de modo que la ciudadanía pueda comprender qué bienes y servicios finales se están "comprando" con los recursos asignados a través del presupuesto, contratos de desempeño y cambios en la organización de los servicios, entre otros.

Una reforma que se inscribe en el ámbito de la reforma del Estado y que debe comenzar a preparar el futuro Ministerio de Energía, ahora que fue aprobado en primer trámite constitucional, se refiere al mercado de hidrocarburos. ENAP mantiene un excesivo poder en la prospección, exploración y producción de petróleo que no tiene ninguna justificación económica. Es inexplicable que en esta dimensión no se apliquen criterios similares a los que rigen a la industria del cobre. Un nuevo marco regulatorio de la industria del petróleo podría tener un impacto significativo en el crecimiento del país y es una reforma, independientemente de lo que se decida respecto de la propiedad de ENAP, que no se puede seguir postergando.