Acuerdo transversal pro reactivación
La disminución del crecimiento de tendencia en la economía es evidente. Si se dividen las dos últimas décadas en dos períodos equivalentes, en el primero la economía creció al doble de lo que lo hizo en el segundo. Aunque hay factores que ayudan a explicar este menor crecimiento, la sensación general es que se puede hacer más para elevar nuestra tasa de crecimiento. Tal vez sea hoy poco factible aspirar a las tasas de crecimiento de antaño, pero asegurar un crecimiento promedio en torno al seis por ciento para la próxima década es un objetivo al que Chile no puede renunciar. Sin embargo, más allá de la compleja coyuntura del momento, los actuales niveles de inversión y de crecimiento de la productividad distan de lograrlo.
En este cuadro, es natural que se multipliquen las propuestas para reactivar la economía. El conjunto de 36 medidas aprobado por el Senado con este propósito es un esfuerzo en esa dirección. Que haya sido respaldado por la unanimidad de sus miembros es una demostración de la importancia política de que exista en nuestro país una economía vigorosa -factor que requiere un análisis por separado.
Las iniciativas recomendadas por la Cámara Alta al Ejecutivo se dividen en cinco capítulos -crecimiento, política social, tipo de cambio, área fiscal y agricultura- y son de diversa índole: algunas generales, otras específicas, algunas propuestas que suponen reformar o profundizar programas existentes y otras que suponen crear nuevos, medidas de impacto inmediato, otras de repercusión futura y, en fin, otras que frisan con aspiraciones programáticas. Se incluyen iniciativas valiosas, otras que no lo son tanto (o al menos son discutibles), y hay también algunas que faltan. En todo caso, es un aporte significativo al debate sobre cómo impulsar nuestro desarrollo.
Entre otras, parecen especialmente pertinentes aquellas medidas que proponen introducir rebajas tributarias para las pequeñas y medianas empresas; reducir el impuesto adicional a la importación de servicios; ampliar los tratados de libre comercio; renovar beneficios de recuperación de praderas; ampliar la cobertura del seguro agrícola; profundizar el mercado de futuro en dólares; modificar la legislación laboral para adecuar horarios y aumentar el tope de horas extras para uso intensivo de mano de obra; acelerar las inversiones en energía, incentivar las energías no convencionales y estudiar la opción nuclear; atender a la formación, capacitación y evaluación de profesores, y establecer programas de reforzamiento para los alumnos de básica en lectoescritura y matemáticas, que existieron hasta hace algunos años, pero están completamente desperfilados en la actualidad.
Más discutibles son, entre otras, las propuestas de favorecer la reorientación de las exportaciones a mercados cuya moneda no se haya depreciado respecto del peso (sobre todo en la medida en que se esté pensando en el uso de recursos públicos para ello); crear programas de apoyo y fomento de una política de seguridad alimentaria; subsidiar el ahorro del consumo eléctrico, toda vez que actualmente están operando para estos propósitos mecanismos de mercado financiados por las empresas; multiplicar el programa de fomento a la pequeña y mediana minería, y realizar un agresivo programa de gasto en el exterior -en especial en lo que se refiere a una apertura de una línea de crédito con tasas subsidiadas para la adquisición de bienes de capital no competitivos con producción nacional.
Entre las medidas faltantes se encuentran muchas que harían a nuestra economía más flexible y, por consiguiente, más productiva. Cabe mencionar, en el campo laboral, la adaptabilidad pactada y la moderación del sistema de indemnizaciones por años de servicios, a cambio de un perfeccionamiento, por ejemplo, del seguro de cesantía. En el ámbito de las empresas públicas, la apertura parcial de ellas al capital privado.
Planteada esta inusual propuesta a una semana del tercer mensaje presidencial, el país pronto sabrá qué acogida real encuentre ella en el Gobierno.
En este cuadro, es natural que se multipliquen las propuestas para reactivar la economía. El conjunto de 36 medidas aprobado por el Senado con este propósito es un esfuerzo en esa dirección. Que haya sido respaldado por la unanimidad de sus miembros es una demostración de la importancia política de que exista en nuestro país una economía vigorosa -factor que requiere un análisis por separado.
Las iniciativas recomendadas por la Cámara Alta al Ejecutivo se dividen en cinco capítulos -crecimiento, política social, tipo de cambio, área fiscal y agricultura- y son de diversa índole: algunas generales, otras específicas, algunas propuestas que suponen reformar o profundizar programas existentes y otras que suponen crear nuevos, medidas de impacto inmediato, otras de repercusión futura y, en fin, otras que frisan con aspiraciones programáticas. Se incluyen iniciativas valiosas, otras que no lo son tanto (o al menos son discutibles), y hay también algunas que faltan. En todo caso, es un aporte significativo al debate sobre cómo impulsar nuestro desarrollo.
Entre otras, parecen especialmente pertinentes aquellas medidas que proponen introducir rebajas tributarias para las pequeñas y medianas empresas; reducir el impuesto adicional a la importación de servicios; ampliar los tratados de libre comercio; renovar beneficios de recuperación de praderas; ampliar la cobertura del seguro agrícola; profundizar el mercado de futuro en dólares; modificar la legislación laboral para adecuar horarios y aumentar el tope de horas extras para uso intensivo de mano de obra; acelerar las inversiones en energía, incentivar las energías no convencionales y estudiar la opción nuclear; atender a la formación, capacitación y evaluación de profesores, y establecer programas de reforzamiento para los alumnos de básica en lectoescritura y matemáticas, que existieron hasta hace algunos años, pero están completamente desperfilados en la actualidad.
Más discutibles son, entre otras, las propuestas de favorecer la reorientación de las exportaciones a mercados cuya moneda no se haya depreciado respecto del peso (sobre todo en la medida en que se esté pensando en el uso de recursos públicos para ello); crear programas de apoyo y fomento de una política de seguridad alimentaria; subsidiar el ahorro del consumo eléctrico, toda vez que actualmente están operando para estos propósitos mecanismos de mercado financiados por las empresas; multiplicar el programa de fomento a la pequeña y mediana minería, y realizar un agresivo programa de gasto en el exterior -en especial en lo que se refiere a una apertura de una línea de crédito con tasas subsidiadas para la adquisición de bienes de capital no competitivos con producción nacional.
Entre las medidas faltantes se encuentran muchas que harían a nuestra economía más flexible y, por consiguiente, más productiva. Cabe mencionar, en el campo laboral, la adaptabilidad pactada y la moderación del sistema de indemnizaciones por años de servicios, a cambio de un perfeccionamiento, por ejemplo, del seguro de cesantía. En el ámbito de las empresas públicas, la apertura parcial de ellas al capital privado.
Planteada esta inusual propuesta a una semana del tercer mensaje presidencial, el país pronto sabrá qué acogida real encuentre ella en el Gobierno.
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