blogs el mercurio, Jorge Marshall, 09/03/2010
El terremoto cambió drásticamente la agenda política del país. Los dramáticos eventos que vivimos generaron mucho temor y sufrimiento, pero también nos mostraron realidades que estaban en un segundo plano y que hicieron evidente la brecha que aún existe entre el país real y aquel que nos gustaría ver o que creíamos ser.
La sociedad se sintió incómoda con este crudo contraste, y ahora estará inclinada a impulsar cambios en muchas áreas. Esta brecha ocurre en un país que se ha transformado profundamente en los años recientes, creando altas expectativas de futuro en la población, la que ahora observará atentamente las iniciativas que impulsen las nuevas autoridades.
El desafío que enfrentamos es hacernos cargo de lo bueno y de lo malo, promoviendo las transformaciones necesarias. Lo que está en juego no es sólo la infraestructura dañada, sino también el carácter del país, porque las condiciones extremas nos conectan con el tejido que nos caracteriza como nación, donde se moldea nuestra convivencia y surgen los proyectos compartidos.
Como en pocas ocasiones, consolidar el progreso de varias décadas se juega en lo que hagamos en los próximos meses, porque los primeros pasos tendrán un gran impacto en el resultado de la reconstrucción. Sólo una mirada de futuro nos permitirá elevar los estándares con que funcionan los servicios públicos, incluyendo las edificaciones, los procedimientos en las emergencias, la planificación urbana, la preservación del patrimonio histórico, los aeropuertos, los hospitales, las carreteras y los sistemas de comunicaciones.
También debemos reflexionar sobre el funcionamiento de la sociedad, las normas de convivencia en los días posteriores y la reacción de las instituciones desde el primer momento. El desempeño que hemos mostrado en estas materias está por debajo del nivel que gran parte de la sociedad chilena aspira, por lo que la reconstrucción debe producir los cambios que se hicieron evidentes para dotar al país de una plataforma de organización social y de infraestructura pública que nos coloque en un nivel superior y que abra nuevas puertas en el camino al desarrollo.
Las tres condiciones para tener éxito en esta tarea son generar un acuerdo político amplio; organizar una gestión eficiente, y proporcionar un financiamiento sano. Estas tres materias están relacionadas entre sí, y en cada una de ellas se podrá observar el sello que las nuevas autoridades le darán a la reconstrucción.
Gran acuerdo político
En el ámbito político, una reconstrucción ambiciosa necesita movilizar a todos los sectores de la sociedad chilena, lo que requiere contar con un respaldo amplio, que en el actual escenario es principalmente una responsabilidad del nuevo gobierno.
El Presidente electo se ha reunido con representantes de todos los partidos políticos, encontrando una buena disposición a colaborar. Este es un buen comienzo para una relación que ya está en el centro de la atención de toda la población. Debemos cuidar que las urgencias de las primeras semanas no lleven a privilegiar los protagonismos personales que dañen los acuerdos amplios que se necesitarán en los próximos años. El segundo desafío del programa de reconstrucción está en la gestión. Dos aspectos indispensables son la coordinación interna del gobierno y la gestión de la extensa red de organizaciones locales y de la sociedad civil, que son relevantes para los resultados finales. La coordinación interna permite que el efecto de cada iniciativa sea superior al que tendría con una ejecución fragmentada.
Para lograr esta coordinación hay que distinguir cuatro funciones: (a) la responsabilidad política de liderar el programa, decidiendo y coordinando las iniciativas que se llevarán adelante; (b) la ejecución descentralizada de las iniciativas; (c) el monitoreo de los avances en el cumplimiento de las metas, incluyendo sistemas de información y de alerta cuando se detectan rezagos; y (d) asegurar la eficiencia del gasto y su adecuado financiamiento.
Por otra parte, en los desastres naturales se moviliza una amplia red de organizaciones que debe ser gestionada. En este sentido, la reconstrucción debe involucrar lo antes posible a la comunidad. La ciudadanía en su conjunto debe convertirse en protagonista de la reconstrucción para que los avances del país sean percibidos como el fruto del esfuerzo de todos. El nuevo gobierno debe definir el modo de canalizar los recursos necesarios hacia los proyectos de las organizaciones locales y de la sociedad civil, para hacer que la reconstrucción opere a través de una amplia red de organizaciones.
Cuánto nos cuesta
Por último, está la conducción económica de la reconstrucción. Las estimaciones más razonables del costo directo del terremoto están en un rango entre 5% y 10% del PIB. Una parte de esta cifra tiene seguros internacionales o será absorbida por el sector privado; el resto deberá ser financiado por el presupuesto público. Si se descuentan las reasignaciones de recursos desde otras prioridades, se concluye que los recursos públicos adicionales debieran estar en torno al 3% al 4% del PIB, lo que llevará a un déficit estructural transitorio de alrededor de 0,8% del PIB por los próximos cuatro años.
Este déficit se debe financiar con una combinación que incluye los fondos del cobre, que acumulan un 10% del PIB, o con deuda pública, que en la actualidad alcanza a un saludable 6% del PIB. Es decir, el panorama fiscal tiene suficientes holguras para enfrentar la reparación de los daños. Sin embargo, con objetivos más ambiciosos será necesario movilizar recursos adicionales, por lo que en este escenario fiscal no hay espacio para rebajas de impuestos. En síntesis, seguiremos viviendo en este territorio en que la naturaleza nos recuerda cada cierto tiempo toda su fuerza, lo que nos demanda construir una buena infraestructura y una robusta organización de la sociedad.
Presidente Expansiva UDP.
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